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Es incomprensible la oposición de los movimientos sindicales a la ampliación de facilidades y oportunidades de comercio e inversión.
 
Los grupos sindicales más representativos del planeta se oponen a la globalización y a cualquier cambio que signifique eliminar barreras al comercio mundial y a los flujos de capitales e inversión entre países y continentes. Desconocen olímpicamente los grandes beneficios que ha traído esta globalización en términos de mayor crecimiento económico y empleo, y de una intensificación del intercambio de conocimientos, tecnología y cultura entre los distintos pueblos que hacen parte de la humanidad.

Naturalmente que no se trata de un proceso sin reacomodos y fricciones. Por ejemplo, segmentos xenofóbicos y retardatarios de la población islámica todavía rechazan las ventajas de la globalización.

Por otro lado, la inserción en la economía global de 3.000 millones de habitantes, que son la población de China e India, ciertamente ha generado tanto oportunidades como problemas en las economías del resto del planeta. Pero ha traído progreso material y cultural sin precedentes en buena parte de esta población, la que hasta hace muy pocas décadas sufría de hambrunas y no tenía acceso a las innovaciones más beneficiosas de la ciencia y tecnología moderna. Y ha ampliado y diversificado los centros de actividad económica en el planeta. 
 
Ningún joven quiere quedarse al margen de las ventajas que ofrece la globalización. Sin embargo, muchos en los movimiento sindicales y grupos políticos de la extrema izquierda principalmente, combaten sin argumentos el desmonte de barreras que artificialmente frenan la globalización.

Unas de esas barreras son, sin duda, los elevados aranceles que se aplican al comercio de bienes y servicios entre países, así como las restricciones y trabas de carácter administrativo y burocrático que dificultan ese intercambio. Algunos sindicalistas argumentan que la apertura a las mayores oportunidades de comercio y de inversión acabaría con sus empleos actuales. Aunque eso es posible en el caso de algunas ocupaciones, más que se compensa con el surgimiento de nuevas posibilidades de negocios en otras.
 
Es enorme el costo para un país de mantener empresas e industrias altamente ineficientes y poco competitivas. Es un costo que paga toda la población y que se refleja en un reducido nivel de vida. Esos recursos, incluida mano de obra, que se utilizan en esas empresas e industrias tienen un costo de oportunidad, que no es otro que los beneficios que se dejan de percibir al no emplearse en actividades más productivas.

Proteger empresas e industrias poco competitivas es condenar a sus trabajadores al no progreso. A depender, no de sí mismos, sino de terceros, por ejemplo de ayudas gubernamentales, para mantener un mínimo nivel de ingresos. Desestimula la búsqueda de mejores posibilidades de progreso. Frena la especialización de la mano de obra en aquellas actividades donde hay más oportunidades de éxito y avance.  

En fin, hay una literatura infinita sobre los beneficios de entornos favorables a los flujos de comercio e inversión entre países y regiones geográficas. Muchos sindicalistas ni siquiera se han dado a la tarea de entender la racionalidad detrás de esta literatura. Han optado por lo fácil. Defender a ultranza un status quo, como si la principal característica de la vida económica y social no fuera la de un permanente cambio y evolución. Como si fuera posible congelar la historia en un punto en el tiempo.

En el caso del recientemente aprobado TLC entre Estados Unidos y Colombia, la oposición de muchos sindicalistas en ambos países tiene un ingrediente adicional de irracionalidad. Se oponen dizque por el maltrato a los sindicalistas en Colombia.

Ahora bien, es indudable que la presión internacional ha contribuido a la mayor conciencia sobre la existencia de este problema en Colombia y a que se implementen correctivos. Con este TLC y otros Colombia se inserta en la economía global y asume exigentes compromisos de comportamiento civilizado. Gracias a estos TLC, los sindicatos podrán demandar garantías, tendrán una más extendida audiencia y recibirán mayores apoyos en caso de violación de sus derechos. Entonces, ¿cómo es posible que utilicen el argumento del maltrato en contra de los TLC y no a su favor?
 
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