En Colombia existe un mercado persa de grabaciones telefónicas realizadas por el gobierno, del cual los medios de comunicación son parte integral.
El reciente incidente con el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) simplemente confirma lo que ya se sabe. Quienes en el Estado colombiano graban conversaciones telefónicas, lo hacen más allá de cualquier autorización y justificación. Pero, como si lo anterior fuera poco, varios medios de comunicación se han dado a la tarea, desde años atrás, de divulgarlas. Con frecuencia salen publicadas o al aire en las revistas Semana y Cambio o en emisoras como la W de Caracol Radio.
A veces se trata de grabaciones de personas que han sido acusadas de algún delito, pero que todavía no han sido debidamente enjuiciadas. Ni a las autoridades ni a los medios de comunicación les importa que hagan parte de la reserva de un sumario. Salen a la luz pública “por debajo de la mesa”. Un ejemplo reciente tiene que ver con algunas de las grabaciones hechas a David Murcia, Daniel Ángel y Margarita Pabón, todos ellos vinculados al caso DMG.
Es ilegal e injusto lo que hacen estos medios de comunicación. Si las autoridades quieren dar a conocer unas grabaciones, lo deben hacer en acto público y por su cuenta y riesgo. Los medios no tienen por que convertirse en cómplices de prácticas ilegales y prestarse a ser utilizados por los funcionarios públicos que las distribuyen subrepticiamente. Menos aún estimular la ilegalidad pagando por la exclusividad periodística.
La práctica de los medios de comunicación de dar a conocer grabaciones que no han sido distribuidas oficialmente, que hacen parte de la reserva de un sumario o que comprometen el derecho a la privacidad de las personas, es sancionada de manera ejemplar en todos los países civilizados. Esa práctica induce y fomenta un mercado persa de grabaciones, las que terminan siendo utilizadas, con la complicidad de funcionarios públicos y de medios, para venganzas personales, extorsiones y otros fines despreciables o criminales.
A veces se trata de grabaciones de personas que han sido acusadas de algún delito, pero que todavía no han sido debidamente enjuiciadas. Ni a las autoridades ni a los medios de comunicación les importa que hagan parte de la reserva de un sumario. Salen a la luz pública “por debajo de la mesa”. Un ejemplo reciente tiene que ver con algunas de las grabaciones hechas a David Murcia, Daniel Ángel y Margarita Pabón, todos ellos vinculados al caso DMG.
Es ilegal e injusto lo que hacen estos medios de comunicación. Si las autoridades quieren dar a conocer unas grabaciones, lo deben hacer en acto público y por su cuenta y riesgo. Los medios no tienen por que convertirse en cómplices de prácticas ilegales y prestarse a ser utilizados por los funcionarios públicos que las distribuyen subrepticiamente. Menos aún estimular la ilegalidad pagando por la exclusividad periodística.
La práctica de los medios de comunicación de dar a conocer grabaciones que no han sido distribuidas oficialmente, que hacen parte de la reserva de un sumario o que comprometen el derecho a la privacidad de las personas, es sancionada de manera ejemplar en todos los países civilizados. Esa práctica induce y fomenta un mercado persa de grabaciones, las que terminan siendo utilizadas, con la complicidad de funcionarios públicos y de medios, para venganzas personales, extorsiones y otros fines despreciables o criminales.