Ese país revocó el 80% de las concesiones de las explotaciones mineras existentes y suspendió el 20% restante.

 

Ello se produjo a raíz de la adopción de la nueva Constitución. Desde abril de 2008 la minería se paralizó. Recientemente el gobierno ecuatoriano anunció que autorizará la actividad minera a partir de 2012. Antes de que ello ocurra, renegociará los contratos de explotación, en un proceso que sería largo y arduo.

Pero no sólo eso. Las señales que ha mandado ese gobierno son totalmente hostiles a la inversión extranjera, tanto en materia de reglas de juego como en su interpretación, así como en la imposición de gigantescas multas tributarias y en demandas absurdas por perjuicios ecológicos. Para rematar, Ecuador no acepta tribunales internacionales para la solución de disputas y conflictos y su sistema judicial es completamente parcializado en contra de todo lo que sea extranjero.  

Obviamente la mayoría de las compañías mineras han expresado que no están interesadas en Ecuador. Ni siquiera las que invertirían cuantías relativamente pequeñas. Tal es el caso, por ejemplo, de las canadienses Antares Minerals y Altura Minerals, y de la inglesa Minera IRL. Estas empresas y otras más grandes prefieren países como Perú, Chile y Colombia, donde el marco institucional y jurídico ofrece un mínimo de garantías.

Ecuador está sentado sobre un significativo potencial minero. Pero, ¿qué importa el potencial si no se explota? Ese potencial y uno aún mayor lo tienen muchos otros países. Aunque el ministro de Minas de Ecuador Germánico Pinto sostiene que muchas compañías están interesadas en invertir allá, una cosa son los anuncios sin compromiso y otra son los hechos. El gobierno ecuatoriano actúa como si las empresas mineras no pudieran sobrevivir sin invertir en su país, pero la dura realidad es que para ninguna de ellas Ecuador es de vital importancia.