Se trata de un montaje mediático de unas proporciones pocas veces vista alrededor de un acuerdo de paz que deja mucho que desear.
Observadores internacionales se han sorprendido por la falta de entusiasmo que entre los colombianos ha suscitado el acuerdo de paz que gobierno y Farc firmarán a finales de septiembre de 2016 y que será sometido a un plebiscito el 2 de octubre.
La realidad es que el acuerdo a que se llegó con esta banda de delincuentes es sumamente generosa en sus alcances. Le otorga a sus miembros toda clase de prebendas: curules en el Congreso sin acceder a votación alguna, emisoras de radio a lo largo y ancho del país, amplias zonas rurales de resguardo donde sus dirigentes se convertirán en incuestionables mandamases, apoyos financieros de distinta índole, y una especie de perdón y olvido por sus inconfesables crímenes y delitos.
No se les pide a sus dirigentes resarcimiento material para sus víctimas. A lo mas, si acaso, unas palabrejas de arrepentimiento. Tampoco queda muy en claro la dejación de actividades ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal. No hay ni siquiera un inventario preciso de cuántos de sus miembros se reincorporarán a la vida civil.
Pero las concesiones del gobierno no terminan ahí. Se crea una súper estructura jurídica con unas muy amplias e indefinidas funciones. Jueces de ideología política de izquierda, nacionales e internacionales, tendrán vía libre para juzgar a quienes consideren que se defendieron por fuera de la ley de los abusos y atropellos de las Farc en épocas cuando el Estado colombiano era absolutamente incapaz de protegerles sus vidas y bienes.
El acuerdo que se firmará a finales de septiembre está permeado de objetivos y políticas de corte socialista. Es un documento repleto de compromisos de gasto por parte del gobierno, en momentos en que los recursos públicos no alcanzan ni para lo básico, la economía está estancada y la deuda pública va camino a convertirse en explosiva.
¿A cuánto asciende la membresía de las Farc? Los estimativos van desde 6.000 hasta 10.000, en un país cuya población supera los 48 millones de habitantes. Su poderío militar fue reducido a una mínima expresión durante el gobierno de Álvaro Uribe. En esos años el crecimiento económico se disparó a tasas promedio superiores a 5% anual.
Al inicio de las negociaciones del actual gobierno con las Farc no había en Colombia una guerra en el sentido convencional de la palabra. El país estaba mas próspero que nunca y la gran mayoría de la población no era afectada en absoluto por las acciones criminales y delincuenciales de esta banda. Sin embargo, en círculos extranjeros la idea que habían vendido los voceros de la izquierda internacional, y que la diplomacia del actual gobierno relanzó, era la de que Colombia estaba sumida en una guerra civil de apocalípticas proporciones.
De ahí el abismo que separa la percepción de extranjeros con la percepción de nacionales en relación con este tema de las Farc. Es cierto que entre todas las bandas delincuenciales que han aflorado en Colombia como resultado de la inoperancia del sistema de justicia y del impacto de un desbordado narcotráfico, ésta ha sido una de las peores en poder destructivo. Pero gracias al empeño de la fuerza pública, su actividad militar propiamente dicha se había reducido a zonas rurales relativamente alejadas y despobladas.
Es mas, quedan otras bandas delincuenciales, como en el caso del ELN, las llamadas Bacrim y otras que surgirán estimuladas y financiadas por un negocio de cultivo de coca y del narcotráfico que se ha incrementado a niveles que no se veían desde los años noventa.
El acuerdo que se firmará no traerá ríos de leche y miel, como piensan algunos extranjeros y como sus partidarios en Colombia lo han sugerido. El elevado dinamismo económico reciente fue primordialmente el resultado de la bonanza petrolera y minera, de una firme política de seguridad y de la calidad de otras políticas públicas implementadas.
Pues bien, esa calidad de las políticas públicas puede verse afectada adversamente por el contenido del acuerdo. Su impacto sobre las maltrechas finanzas públicas será muy negativo, al igual que su impacto sobre la confianza inversionista en sectores como el agropecuario, los hidrocarburos y la minería.
Para el gobierno de Santos y para parte de la población colombiana el acuerdo ha operado como un sofisma de distracción, mientras no se atienden los problemas mas urgentes que trae consigo la actual desaceleración económica y sus nefastos efectos sobre el empleo. No hay claridad en relación con los estímulos que se requieren para reanimar la inversión privada y para reorientar los esfuerzos productivos hacía la exportación en momentos en que el país no genera las divisas que necesita para sostener los estándares de vida de años anteriores.
Al contrario de lo que se dice de los ríos de leche y miel que supuestamente traerá el acuerdo, lo que perciben los colombianos es un deterioro de su situación económica, sin que se vea ni a corto ni a mas largo plazo una reversión de tal tendencia. Y ciertamente este acuerdo, con su tufillo a un fracasado “socialismo del Siglo XXI”, con la incertidumbre que introduce en el plano jurídico, no contribuirá a elevar la calidad de la políticas públicas, ni a crear un clima de inversión favorable.
Los ríos de leche y miel que se han anunciado a los cuatro vientos no se vislumbran en el horizonte sino que, por el contrario, lo que se avizora son mayores escaseces y mas precariedades. Será un duro despertar al pajazo mental que ha sido todo lo que ha tenido que ver con este acuerdo.
La realidad es que el acuerdo a que se llegó con esta banda de delincuentes es sumamente generosa en sus alcances. Le otorga a sus miembros toda clase de prebendas: curules en el Congreso sin acceder a votación alguna, emisoras de radio a lo largo y ancho del país, amplias zonas rurales de resguardo donde sus dirigentes se convertirán en incuestionables mandamases, apoyos financieros de distinta índole, y una especie de perdón y olvido por sus inconfesables crímenes y delitos.
No se les pide a sus dirigentes resarcimiento material para sus víctimas. A lo mas, si acaso, unas palabrejas de arrepentimiento. Tampoco queda muy en claro la dejación de actividades ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal. No hay ni siquiera un inventario preciso de cuántos de sus miembros se reincorporarán a la vida civil.
Pero las concesiones del gobierno no terminan ahí. Se crea una súper estructura jurídica con unas muy amplias e indefinidas funciones. Jueces de ideología política de izquierda, nacionales e internacionales, tendrán vía libre para juzgar a quienes consideren que se defendieron por fuera de la ley de los abusos y atropellos de las Farc en épocas cuando el Estado colombiano era absolutamente incapaz de protegerles sus vidas y bienes.
El acuerdo que se firmará a finales de septiembre está permeado de objetivos y políticas de corte socialista. Es un documento repleto de compromisos de gasto por parte del gobierno, en momentos en que los recursos públicos no alcanzan ni para lo básico, la economía está estancada y la deuda pública va camino a convertirse en explosiva.
¿A cuánto asciende la membresía de las Farc? Los estimativos van desde 6.000 hasta 10.000, en un país cuya población supera los 48 millones de habitantes. Su poderío militar fue reducido a una mínima expresión durante el gobierno de Álvaro Uribe. En esos años el crecimiento económico se disparó a tasas promedio superiores a 5% anual.
Al inicio de las negociaciones del actual gobierno con las Farc no había en Colombia una guerra en el sentido convencional de la palabra. El país estaba mas próspero que nunca y la gran mayoría de la población no era afectada en absoluto por las acciones criminales y delincuenciales de esta banda. Sin embargo, en círculos extranjeros la idea que habían vendido los voceros de la izquierda internacional, y que la diplomacia del actual gobierno relanzó, era la de que Colombia estaba sumida en una guerra civil de apocalípticas proporciones.
De ahí el abismo que separa la percepción de extranjeros con la percepción de nacionales en relación con este tema de las Farc. Es cierto que entre todas las bandas delincuenciales que han aflorado en Colombia como resultado de la inoperancia del sistema de justicia y del impacto de un desbordado narcotráfico, ésta ha sido una de las peores en poder destructivo. Pero gracias al empeño de la fuerza pública, su actividad militar propiamente dicha se había reducido a zonas rurales relativamente alejadas y despobladas.
Es mas, quedan otras bandas delincuenciales, como en el caso del ELN, las llamadas Bacrim y otras que surgirán estimuladas y financiadas por un negocio de cultivo de coca y del narcotráfico que se ha incrementado a niveles que no se veían desde los años noventa.
El acuerdo que se firmará no traerá ríos de leche y miel, como piensan algunos extranjeros y como sus partidarios en Colombia lo han sugerido. El elevado dinamismo económico reciente fue primordialmente el resultado de la bonanza petrolera y minera, de una firme política de seguridad y de la calidad de otras políticas públicas implementadas.
Pues bien, esa calidad de las políticas públicas puede verse afectada adversamente por el contenido del acuerdo. Su impacto sobre las maltrechas finanzas públicas será muy negativo, al igual que su impacto sobre la confianza inversionista en sectores como el agropecuario, los hidrocarburos y la minería.
Para el gobierno de Santos y para parte de la población colombiana el acuerdo ha operado como un sofisma de distracción, mientras no se atienden los problemas mas urgentes que trae consigo la actual desaceleración económica y sus nefastos efectos sobre el empleo. No hay claridad en relación con los estímulos que se requieren para reanimar la inversión privada y para reorientar los esfuerzos productivos hacía la exportación en momentos en que el país no genera las divisas que necesita para sostener los estándares de vida de años anteriores.
Al contrario de lo que se dice de los ríos de leche y miel que supuestamente traerá el acuerdo, lo que perciben los colombianos es un deterioro de su situación económica, sin que se vea ni a corto ni a mas largo plazo una reversión de tal tendencia. Y ciertamente este acuerdo, con su tufillo a un fracasado “socialismo del Siglo XXI”, con la incertidumbre que introduce en el plano jurídico, no contribuirá a elevar la calidad de la políticas públicas, ni a crear un clima de inversión favorable.
Los ríos de leche y miel que se han anunciado a los cuatro vientos no se vislumbran en el horizonte sino que, por el contrario, lo que se avizora son mayores escaseces y mas precariedades. Será un duro despertar al pajazo mental que ha sido todo lo que ha tenido que ver con este acuerdo.