Ese país enfrenta reclamaciones de varias petroleras por US$13.000 millones ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones.
Se trata de un organismo adscrito al Banco Mundial y que en inglés se llama International Center for Settlement of Investment Disputes (ICSID). Entre las petroleras que han interpuesto demandas por incumplimiento de contratos se encuentran Perenco, Occidental Petroleum (OXY) y Burlington.
La reacción del gobierno de Ecuador ha sido lo que ya es costumbre: descalificación y desconocimiento de los fallos de los tribunales internacionales de arbitramento; acciones judiciales ante los tribunales ecuatorianos para cobrarle más impuestos a quienes demandan; y amenazas por parte de los altos funcionarios públicos.
La más reciente de estas últimas es la del Presidente Rafael Correa que dijo públicamente que las compañías extranjeras que demanden al gobierno tienen que irse del país. Se trata de una abierta violación del derecho internacional. Cualquier extranjero que ha invertido en un país está en su derecho de exponer su caso ante tribunales internacionales si considera que sus intereses fueron violentados. Y más aún si el país firmó, como es el caso de Ecuador, la aceptación de la jurisdicción de un tribunal de arbitramento internacional como el ICSID. Pero para ese gobierno, si se trata de una disputa contra un extranjero, se aplica aquello de que con cara gano yo y con sello pierde usted.
En muchas de esas disputas el gobierno de Ecuador ha acudido a los tribunales de su país, donde siempre se le da la razón en contra de la empresa extranjera de turno. El caso más célebre, que se fallará próximamente, es el de una demanda a Texaco Petroleum por daños y perjuicios resultantes de una explotación petrolera de 23 años, anteriores a 1992 cuando esa empresa abandonó el país. Chevron compró a Texaco en 2001, de manera que la demanda la terminó por asumir la que es hoy en día la tercera petrolera más grande del mundo.
La demanda del gobierno ecuatoriano contra Chevron es por US$27.000 millones, siete veces más que los daños que tuvo que pagar ExxonMobil por el famoso caso del derramamiento de petróleo del Exxon Valdez en Alaska. El gobierno de Ecuador alega que la explotación de Texaco, que fue conjunta con la estatal PetroEcuador, contaminó una extensa zona, cercana a la frontera con Colombia, y produjo una serie de enfermedades entre la población local.
Chevron cuestiona la imparcialidad del tribunal ecuatoriano que lleva el caso. Sostiene que su responsabilidad se terminó cuando acordó en 1995, con el gobierno de ese país, limpiar el 37,5% de los pozos. Para Chevron lo que pase con el resto del área es responsabilidad de PetroEcuador, el ex socio de Texaco. Por último, Chevron dice que Texaco cumplió con las leyes vigentes en su época y que la demanda actual se fundamenta en leyes posteriores que no existían cuando esa empresa dejó de operar en el país.
Lo único cierto es que con el paso del tiempo el monto de la demanda ha ido en aumento, al punto que supera en más de 30 veces la utilidad de US$490 millones que obtuvo Texaco con su operación en Ecuador. Chevron se ha negado rotundamente a transar sobre lo que considera es una extorsión y obviamente no pagará un céntimo de lo que eventualmente disponga el juez ecuatoriano, a quien se le ha metido en la cabeza que lo que él falle es importante “no solamente para Ecuador sino para el resto de la humanidad”.
La reacción del gobierno de Ecuador ha sido lo que ya es costumbre: descalificación y desconocimiento de los fallos de los tribunales internacionales de arbitramento; acciones judiciales ante los tribunales ecuatorianos para cobrarle más impuestos a quienes demandan; y amenazas por parte de los altos funcionarios públicos.
La más reciente de estas últimas es la del Presidente Rafael Correa que dijo públicamente que las compañías extranjeras que demanden al gobierno tienen que irse del país. Se trata de una abierta violación del derecho internacional. Cualquier extranjero que ha invertido en un país está en su derecho de exponer su caso ante tribunales internacionales si considera que sus intereses fueron violentados. Y más aún si el país firmó, como es el caso de Ecuador, la aceptación de la jurisdicción de un tribunal de arbitramento internacional como el ICSID. Pero para ese gobierno, si se trata de una disputa contra un extranjero, se aplica aquello de que con cara gano yo y con sello pierde usted.
En muchas de esas disputas el gobierno de Ecuador ha acudido a los tribunales de su país, donde siempre se le da la razón en contra de la empresa extranjera de turno. El caso más célebre, que se fallará próximamente, es el de una demanda a Texaco Petroleum por daños y perjuicios resultantes de una explotación petrolera de 23 años, anteriores a 1992 cuando esa empresa abandonó el país. Chevron compró a Texaco en 2001, de manera que la demanda la terminó por asumir la que es hoy en día la tercera petrolera más grande del mundo.
La demanda del gobierno ecuatoriano contra Chevron es por US$27.000 millones, siete veces más que los daños que tuvo que pagar ExxonMobil por el famoso caso del derramamiento de petróleo del Exxon Valdez en Alaska. El gobierno de Ecuador alega que la explotación de Texaco, que fue conjunta con la estatal PetroEcuador, contaminó una extensa zona, cercana a la frontera con Colombia, y produjo una serie de enfermedades entre la población local.
Chevron cuestiona la imparcialidad del tribunal ecuatoriano que lleva el caso. Sostiene que su responsabilidad se terminó cuando acordó en 1995, con el gobierno de ese país, limpiar el 37,5% de los pozos. Para Chevron lo que pase con el resto del área es responsabilidad de PetroEcuador, el ex socio de Texaco. Por último, Chevron dice que Texaco cumplió con las leyes vigentes en su época y que la demanda actual se fundamenta en leyes posteriores que no existían cuando esa empresa dejó de operar en el país.
Lo único cierto es que con el paso del tiempo el monto de la demanda ha ido en aumento, al punto que supera en más de 30 veces la utilidad de US$490 millones que obtuvo Texaco con su operación en Ecuador. Chevron se ha negado rotundamente a transar sobre lo que considera es una extorsión y obviamente no pagará un céntimo de lo que eventualmente disponga el juez ecuatoriano, a quien se le ha metido en la cabeza que lo que él falle es importante “no solamente para Ecuador sino para el resto de la humanidad”.