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El gobierno colombiano le solicitó al Fondo Monetario Internacional (FMI) una Línea de Crédito Flexible (LCF) por US$10.400 millones.
 
Colombia es el tercer país en solicitar la LCF, después de México que lo hizo por US$47.000 millones y de Polonia cuya solicitud ascendió a US$20.500 millones.  El director gerente del FMI Dominique Strauss-Kahn celebró la solicitud colombiana para acceder a un acuerdo precautorio por 900% de su cuota. Y agregó que “me siento muy complacida ante esta respuesta positiva a la invitación que hice a las economías con desempeño sólido, poniendo a su disposición este nuevo instrumento diseñado para fortalecer la confianza internacional en la firmeza y sostenibilidad de sus políticas económicas. Colombia tiene una trayectoria sostenida de políticas económicas apropiadas, así como fundamentos económicos y marcos institucionales muy sólidos”. A renglón seguido Strauss-Kahn se comprometió a solicitarle al Directorio Ejecutivo del FMI la aprobación de la LCF para Colombia.

La LCF no trae ataduras relacionadas con la implementación de unas determinadas políticas económicas, sino que es un reconocimiento al buen desempeño histórico del país. La única atadura sería la de continuar con esa “trayectoria de políticas económicas apropiadas”. Sólo se utilizaría si llegare a necesitarse, por ejemplo, en el caso de una profundización de la crisis económica global o de un drástico deterioro del entorno regional que llevaren a caídas significativas de las reservas internacionales y a problema para atender los compromisos externos. 
 
Es evidente que con esta acción aumentará la confianza de los mercados en el desempeño futuro de la economía colombiana y sobretodo, se ahuyentará el fantasma de una crisis de balanza de pagos que pudiera llevar a devaluaciones masivas del peso. La mayor tranquilidad que le proporcionará a los inversionistas el hecho de saber que Colombia cuenta con este importante respaldo del FMI, conducirá a una evolución menos errática de la tasa de cambio y facilitará la obtención de financiación externa adicional por parte tanto del gobierno como del sector privado.